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“ESTA SOCIEDAD NO QUIERE RECONOCER SUS DERECHOS A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS”: Justo Solórzano marzo 19, 2013

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2013: TRABAJAR  EN  FAVOR  DE  LA  HUMANIDAD 

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Foto: Jesús Alfonso, El Periódico

 

“ESTA  SOCIEDAD  NO  QUIERE  RECONOCER  SUS  DERECHOS  A  LOS  NIÑOS  Y LAS  NIÑAS”

Justo Solórzano, Especialista en Protección de la Niñez, Unicef.

 

 

Entrevista: Beatriz Colmenares

 

 

 

“Nadie quiere meterse en problemas, aunque el vecino le esté pegando a sus hijos”.

 

Tenía tres años y ocho meses. Se llamaba Jennifer Alejandra y el sistema de protección a la infancia de este país no fue capaz de salvarle la vida, a pesar de las llamadas de alerta de su padre. El doctor Solórzano analiza qué puede hacerse y su propuesta es simple: empezar de nuevo.

 

¿Qué hacer para evitar que se repita un caso como el de Jennifer Alejandra Vásquez, asesinada por su madre a golpes?

 

– Alejandra murió porque los actores responsables de proteger a la infancia no están articulados, ni hay voluntad política para enfrentar los problemas de la niñez. La pequeña no solo fue víctima de los golpes de su madre: lo fue también de los golpes de un sistema que no funciona.

 

¿Cómo explicarse que no funcione?

 

– Las entidades no se comunican entre sí. No existen estándares mínimos de atención. No se cuenta con recurso humano, ni en la cantidad ni con la calidad que se exige y se requiere.

 

Sin embargo, Guatemala tiene un marco legal e instituciones responsables de velar por los derechos de los niños.

 

– Existen, pero habría que cuestionar si la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y las instituciones que esta crea, son útiles a la luz de los acontecimientos tan graves de los que que son víctimas los niños guatemaltecos. Esa legislación fue aprobada hace diez años luego de un intenso cabildeo, y cabe determinar si no es preciso replantearla.

 

Fue además, en su momento, objetada por diversos sectores.

 

– Había muchísima oposición porque la sociedad es conservadora y no quiere reconocerles a los niños y las niñas sus derechos. Tampoco los quiere escuchar.

 

¿Cómo explicarnos esa actitud?

 

– Nuestra sociedad se ha construido hacia adentro. Vivimos en una cultura adultocéntrica, que nos hace pensar que sabemos qué es lo mejor para los niños, cuando no hemos siquiera superado la desnutrición. Guatemala es una nación de ingreso medio con los problemas de uno de bajo ingreso. La clase política, la sociedad civil, la comunidad internacional y las organizaciones de gobierno deben preguntarse ¿por qué no somos capaces de organizarnos para enfrentar los problemas que enfrentan los niños? La situación de hoy es más grave que la de hace una década. Por eso considero necesario revisar el marco legal.

 

¿Qué hacer con las instituciones existentes?

 

– Es fácil decir que el sistema no funciona, pero también es preciso determinar qué hemos hecho para que cumpla su cometido. La Procuraduría General de la Nación (PGN), la Secretaría de Bienestar Social o el Ministerio de Salud no reciben un presupuesto suficiente como para poder velar por la niñez. No ha habido interés real en dotarlos de recursos para el fin.

 

¿Cómo evalúa la forma en la que abordan estas instituciones su trabajo?

 

– El problema supera el ámbito financiero. Nos hace falta, además, que las entidades se pongan en los pies de los niños y niñas víctimas. Los guatemaltecos no estamos conscientes de lo grave que es esta problemática. El castigo físico se ha normalizado.

 

A un adulto no se le pega para corregirle, a un niño sí. Las cifras de violencia sexual son alarmantes: cada dos horas se denuncia un caso en el Ministerio Público. También es preocupante el índice de suicidios entre adolescentes, sobre todo en el interior del país, o el que muchas niñas contraigan matrimonio. Pero los adultos de esta sociedad conservadora no nos cuestionamos nuestra responsabilidad. Le estamos fallando a la infancia.

 

Una responsabilidad que le corresponde asumir a toda la sociedad.

– Las familias están fallándole a sus hijos al no escucharlos. Las autoridades también, cuando no hay suficientes sicólogos o trabajadores sociales. También, las iglesias, por no brindar espacios de reflexión seria para abordar los temas que preocupan a los jóvenes.

 

Solo tres adolescentes de cada diez tienen acceso a educación secundaria. ¿Dónde están los otros siete? Seguramente captados por pandillas juveniles; muchos con uno o dos hijos, explotados laboral o sexualmente o simplemente no hacen nada.

 

Tampoco existen servicios de protección a la niñez; los casos que logra identificar el Ministerio de Salud son los menos. La situación de Alejandra es un ejemplo. Alguien tuvo que haberse dado cuenta de lo que le pasaba: un pediatra, un maestro, un vecino; pero los adultos parecemos tener una tolerancia alta, o indiferencia, a lo que le sucede a los niños.

 

Sin embargo, muchas personas que no son indiferentes o tolerantes tienen miedo de presentar denuncias, por miedo a represalias…

 

– El temor es justificado. Nadie quiere meterse en problemas, aunque el vecino le esté pegando a sus hijos. Sumado a ello, está el alto nivel de frustración sobre la capacidad del sistema de protección a la infancia. Lo ha expresado el papá de Alejandra: el sabía lo que le ocurría a su hija, lo comunicó a las entidades competentes y nadie hizo nada.

 

¿Funcionan de forma adecuada los hogares de abrigo para niños víctimas de violencia y que no tienen familiares que puedan recibirlos?

 

– Los hogares de abrigo públicos son cinco; los privados son más de 90, de los cuales algunos cumplen con estándares adecuados. El Consejo Nacional de Adopciones debe asumir su rol de supervisarlos y verificar que cumplan con los requisitos mínimos y, caso contrario, cerrarlos, pero en muchas instancias los dueños de los hogares no reciben ningún aporte del Gobierno y buscan cómo financiarse por su cuenta. Más de seis mil niños viven en estos lugares, pero la institucionalización no es una respuesta.

 

¿Por qué?

 

– Por cada año que un menor pasa en una institución, pierde tres meses de desarrollo físico, sicológico y social. En Europa estos hogares desaparecieron desde la década de los sesenta para darle paso al modelo de acogimiento, en donde cuentan con estructura familiar y roles definidos. Guatemala debería mudarse hacia ese concepto.

 

¿Qué otras acciones concretas es preciso adoptar?

 

– El caso de Alejandra debe ser un parteaguas. En otros países existen institutos de protección a la infancia y, aunque no necesariamente esa es la respuesta, se precisa de un ente que coordine y articule la comunicación entre todas las instituciones existentes. Nadie asume el liderazgo de la protección a la infancia.

 

¿A quién le correspondería este liderazgo según el marco legal?

– A la Secretaría de Bienestar Social, pero esta fue fundada en los años sesenta con una eminente visión asistencialista y le cuesta muchísimo asumir ese rol.

 

Se ha planteado instalar una mesa técnica al más alto nivel para corregir los  errores prevalecientes en el sistema. ¿Qué opina de ello?

 

– Aunque instalar una mesa técnica es una buena idea, es importante ir más allá. En este país estamos acostumbrados a que cuando existe un gran problema se conforma una gran comisión; somos, por otra parte, el país de los diagnósticos.

 

El Congreso, donde está la representación de todos los ciudadanos, debe tomar el liderazgo. Una idea podría ser la Iniciativa de Ley Alejandra para crear un consejo del más alto nivel para la protección a la infancia. Hoy no sabemos siquiera cuántos casos similares a los de Alejandra Vásquez existen o quién los supervisa. La PGN maneja 15 mil; los tribunales de la niñez, 7 mil; los juzgados de la niñez, 17 mil. La Secretaría de Bienestar Social atiende a 15 mil personas. No hay claridad de cuántas víctimas hay.

 

¿Cómo garantizar que esta nueva entidad o consejo funcione adecuadamente?

 

– Desde un inicio es preciso asignarle presupuesto, el cual puede tomarse de otras instituciones y unir sus competencias. También es fundamental que tenga delegaciones en cada departamento y vínculos con los municipios.

 

La situación de los niños en el área rural es más preocupante.

 

– Sí. En zonas urbanas existen instituciones para denunciar casos como el de Alejandra, pero en el área rural no; si las hay, quienes laboran en las entidades no hablan el idioma de los niños. Por ello cualquier instancia que se conforme debe tener contactos estrechos con las municipalidades, además de establecerse sistemas comunitarios de protección a la infancia.

En Ecuador, Colombia o Chile funcionan institutos de protección a la infancia en los que se trabaja en la prevención de la violencia; se detecta, atiende y repara el daño del que han sido objeto las pequeñas víctimas. Es preciso que los ciudadanos le exijan al Gobierno que cumpla con esta responsabilidad: se pagan impuestos y estos niños merecen ser atendidos.

 

¿De qué manera puede prevenirse que los niños sean víctima de violencia?

 

– Todo pasa por la educación, pero no solo de los niños y niñas, sino también la de los padres. Un instituto de protección a la infancia debería tener un área capaz de detectar casos en los que ocurra negligencia y pueda enviar a los progenitores a clases sobre cómo desempeñar de forma adecuada su rol. Nadie enseña a ser padre. La experiencia se adquiere con base en ensayo y error, pero los niños no son ratones de laboratorio.

 

¿Cómo mejorar la coordinación entre entidades?

 

– La comunicación con los Ministerios de Educación y Salud es vital porque ellos tienen una gran cuota de responsabilidad. Maestros y médicos, trabajen en el sector público o privado, tienen que asumir el rol que les toca. Es preciso que se respeten los derechos de los niños y esta es una responsabilidad compartida de los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

 

El caso de Jennifer Alejandra también muestra otra arista: no se escuchó a un padre porque la madre lo acusó falsamente de abuso.

 

– Deja en evidencia una vez más que los patrones culturales de este país también están instalados en el sistema del funcionariado público: el racismo, la discriminación, el pensar que los niños tienen que estar siempre con las madres. Por eso necesitamos técnicos del más alto nivel. Ello está ligado intrínsecamente a que nunca se discuten las reformas a la Ley del Servicio Civil. No hay carreras que garanticen que los mejores sicólogos, trabajadores sociales o pediatras estén atendiendo a los niños de Guatemala.

 

¿Cuán importante es sensibilizar sobre estos temas a las que personas que ya están laborando en el sistema?

 

– Es urgente darle vuelta. El sistema no le responde a los niños víctimas de violencia física y sexual. Por eso es preciso crear algo que funcione. Ello involucra  la sensibilización, capacitar a quienes atienden, fortalecer el recurso humano, armar protocolos mínimos de atención y apoyar a quienes denuncien. Guatemala fue capaz de salir de una guerra civil que nos enfrentó a todos los ciudadanos.

 

Se dejó atrás el pasado oscuro de la trata de niños para la venta, al aprobarse la ley que regula las adopciones. El Estado tiene esta tarea pendiente. Es una responsabilidad de todos. ¿Qué se le contestará, dentro de diez o 15 años, a los niños que hoy son víctimas de violencia? ¿Qué respuesta darán los políticos, la sociedad civil o las organizaciones internacionales? Alejandra pudo haber sido una profesional de éxito. Se cortó la vida de un guatemalteco.

El sistema le falló, pero, en su nombre, hay que buscar las soluciones. El Instituto Alejandra de Protección a la Infancia puede ser un buen primer paso. Que el caso de esta pequeña sea paradigmático, no solo emblemático.

 

 

Tomado de El Periódico

10/03/2013

 

 

 

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