Convivencia Alterna

Iniciativa para Un Proyecto de Iniciativa de Ley

“NO SIN MI HIJA” octubre 27, 2009

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                                   ¡LO  QUE  NO  SE  NOMBRA  NO  EXISTE!

 

Jade 2008 117

No sin mi hija

 

 

“NO SIN MI HIJA”

Larga lucha y breve texto dedicado a la pequeña Jade, el ser más hermoso del universo.

“Negar a un padre, también es un delito moral. Restringir las relaciones paterno filiales por venganza o dinero es ruin…”

(“Más vale pájaro emplasticado”; Lucía Escobar, Periodista, escritora y feminista).

“Usted tuvo la culpa por haberla reconocido como su hija. Ya vio, si no lo hubiera hecho ahora no andaría en estos aprietos…”.  Estas son, palabras más o palabras menos, el tipo de frases que me han repetido incontables veces algunos conocidos, gente desconocida, y/o algunos abogados, cuando me ven corriendo con papeles legales en corredores de juzgados u oficinas legales.

Y por supuesto, cada vez que escucho éstas frases (y repito, me lo han vomitado muchas veces), siento como si me dieran un terrible golpe seco en plena cara, y siento además, que la sangre me hierve, al constatar el grado de deshumanización y de dureza al que ha llegado una buena cantidad de gente en este país.

La anterior postura es simplemente otra expresión de la misma deshumanización en contra de la cual ahora estoy peleando en el frente legal, para poder re-establecer el contacto directo, fluido y permanente con mi pequeña de cinco años, a quien ha fuerza de numerosas patrañas de diferente orden y naturaleza, me han impedido ver desde hace exactamente nueve meses, período que yo contabilizo en días y horas, es decir, en doscientos setenta días o, en seis mil cuatrocientas horas, aproximadamente.

En vano me alegré en días recién pasados, cuando recibí la notificación oficial respecto al levantamiento de la Orden Cautelar emitida en mi contra, al ser generada y sustentada en base a graves injurias y calumnias, que al no poder ser demostradas con pruebas válidas y de peso, dieron paso al levantamiento de la prohibición de acercarme a mi propia hija.

Las abundantes y aplastantes pruebas documentales presentadas junto a mi abogado, a través de sendos memoriales de oposición, fueron finalmente tomadas en cuenta, luego de mucho batallar a diferentes niveles, exigiendo que se aplicara el principio constitucional de igualdad ante la ley (todo mundo debe comprobar sus denuncias) y presunción de inocencia (no constituye delito per se el haber nacido con sexo masculino en un país de machos violentos y abusadores de mujeres).

Sin embargo, muy poco me duró la satisfacción por el pequeño triunfo legal obtenido, ya que mientras me encontraba haciendo gestiones y solicitudes de mediación ante la Procuraduría de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), para dialogar y negociar con la parte acusadora, con el fin de iniciar preparativos para el establecimiento y firma de un Convenio de relacionamiento familiar, que me permitiese ver a mi hija de forma regular, la oficina de mi abogado recibió una nueva notificación judicial en mi contra, esta vez, proveniente ya no de una instancia civil sino penal.

¿De qué se trata ahora?

Debido a la renuencia del juzgado que llevaba la causa anterior, en el sentido de negarse a seguir prorrogando la vigencia de una Orden cautelar obtenida a todas luces con vicios e irregularidades (por no decir “falso testimonio”), la parte demandante ahora utiliza de nuevo las viejas sindicaciones ya desestimadas en el anterior caso, y abre un nuevo caso por Violencia contra la Mujer y Violencia Económica, estableciendo la tal citatoria que debo comparecer bajo amenaza de apremio físico (persecución policial) en caso de no acudir el día y la hora señalado por el juez que ha dado curso a la nueva demanda.

Resulta evidente que bajo esta atmósfera de presión, amenaza y persecución judicial, es sumamente difícil el poder llevar adelante procesos de mediación y conciliación como el que yo empezaba a emprender con el apoyo institucional y profesional de la PDH.  

Este nuevo capítulo judicial me pone de nuevo a correr contra el tiempo para preparar documentación de diverso tipo, lo cual viene a incrementar el centenario número de incontables horas perdidas a lo largo de casi todo este año 2009, dañando con ello mi ya difícil situación económica.

¿No es esto violencia económica?

¿No es esto violencia emocional y psicológica en contra de mi pequeña?

El arreglo armonioso y consensuado de los distintos aspectos que tienen que ver con el relacionamiento integral, fluido, “normal” y regular entre padre e hija, no es asunto que pueda arreglarse por medio del uso indiscriminado de la represión policial, como si estuviésemos en los mejores tiempos de la España franquista.

Ya en marzo recién pasado me impidieron con el uso de la fuerza pública (cuatro policías y tres soldados), el que yo entregara personalmente el regalo de cumpleaños a mi hija, creando para mi gran sorpresa, una patética escena que ni siquiera en tiempos de las dictaduras de los años ochenta había podido observar…

Siete hombres uniformados y armados para impedir que un padre se acercara a su pequeña hija y le entregara su regalito cumpleañero. Una escena (y por supuesto, una actitud) verdaderamente abominable y vil.

¿Cuál es el objetivo de toda esta intransigencia y agresividad?

Ya le cortaron a mi hija desde febrero de este año, la escasa y muy esporádica comunicación telefónica que ella mantenía conmigo. Recuerdo todavía que la última vez que platicamos por esa vía a inicios de este año, me pidió que le comprara un teléfono móvil, pues deseaba platicar más frecuentemente conmigo. “¡Llamame mañana, que tengo muchas cosas que contarte…”, fue lo último que alcanzó a decirme, antes de que una brusca mano de adulto (o adulta) le arrebatara el teléfono.

Llegado este escrito a este punto, deseo traer a colación y recordarles a los lectores y lectoras, que Guatemala es signataria de la Convención De los Derechos del Niño, la cual, en la pirámide de jerarquía en cuanto a normas, está en un nivel más elevado que cualquier otra ley ordinaria nacional.

Si me permiten, dicho convenio dice textualmente en su artículo No. 3;

“Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”.

Y en cuanto a la principal normativa de carácter nacional relativa a los menores, concretamente, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –Decreto No. 27-2003 del Congreso de la República-, dice literalmente en el artículo No. 16, el cual versa sobre la dignidad de los (y las) menores, lo siguiente;

“Es obligación del Estado y de la sociedad en su conjunto, velar por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, como individuos y miembros de una familia, poniéndolos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, aterrorizador, humillante o constrictivo”.

A la luz de tal comportamiento de visceral agresión y hostilidad, resulta bastante claro y evidente que detrás de toda esta persecución judicial y criminalización de mis derechos elementales de ejercicio normal de la paternidad, se encuentra la aviesa intensión de obligarme a irme del país, o en su defecto, conducirme a la cárcel, como medios efectivos para conseguir finalmente alejar a mi pequeña de su padre.

Empero, ello va a resultar un poquito difícil. Debo informar al lector que la lucha de este progenitor por estar cerca de su hija viene desde antes de que la pequeña naciera, y cuando vino al mundo, de inmediato la jurista Vilma G.G., mi abogada entonces, tras una lucha de varios meses, que incluyó el rastreo extensivo en más de 14 registros municipalidades de distintos puntos geográficos de Guatemala (incluyendo en algunos municipios alejados de El Quiché), evitó que se consumara el delito de falsedad ideológica, pues existía la intención de registrar a mi pequeña con un apellido distinto al de su padre.

De tal manera que conseguimos “persuadir”, bajo advertencia de iniciar juicio si no se accedía a la realización de un examen científico (ADN), entre la recién nacida y mi persona, lo cual al final se consiguió, enviando las respectivas muestras a un laboratorio en EEUU, que al final, por supuesto, dieron positivo.

¿Cuántos casos similares a este ha habido en Guatemala? Me parece que los dedos de una sola mano sobran para contarlos.

Por ello es que me indigna cuando alguna persona que conoce este caso me dice que fui un tonto al reconocer a mi hija. En lo personal, yo no necesité en ese momento (año 2004), que existiera una ley de Paternidad Responsable aprobada por el Congreso. De hecho, en esa época todavía hacían falta cuatro años para que llegara a existir tal normativa.

Finalizo este texto recordándole al lector y lectora el importante contenido del artículo No. 8 (inciso 1) de la Convención de los Derechos del Niño, que literalmente dice;

“Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícita”.

Esto precisamente me lo recordó una mañana de estas un amigo cercano, jurista español para mayores señas (aclaro dos cosas; uno, que no se trata de Castresana; y dos, que tratándose de españoles pues también los hay buenos…no todos son neo-encomenderos, como algunos pre-juiciosamente piensan).  

Les decía que este amigo me recordaba que mi hija no es ningún “injerto” en la sociedad guatemalteca. Que ella también forma parte del Estado y de la nación, y justamente por eso, tiene todo el derecho del mundo a conocer y relacionarse normal y fluidamente con sus verdaderos familiares, incluidos los abuelos, tíos, primos, etc. Es decir, tiene derecho a desarrollar de manera sana sus naturales raíces identitarias, según me decía él en un tono bastante exaltado.

Por supuesto que yo estoy plenamente de acuerdo con esa opinión. Considero que en este caso particular, el Estado (incluyo particularmente el sistema de justicia), lejos de apoyar la irracional y perversa criminalización del esfuerzo de un padre de familia que desea estar cerca de sus hijos (as), está obligado, por mandato de las leyes nacionales e internacionales, a brindarnos todo el apoyo y protección (como reza el artículo 1 de la Constitución de la República), un apoyo que hasta el momento, a mi hija y a mi nos han regateado y otorgado a empujones y a cuenta gotas.

Por ello, pido públicamente a las instancias de justicia respectivas, la inhibitoria de los juicios penales en mi contra, y que el caso sea conducido hacia las instancias civiles como es lo usual en asuntos de familia, y hacia las instancias de mediación y conciliación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), tal y como yo lo he solicitado por escrito y gestionado de manera personal.

Pido también públicamente, que el sistema de justicia no siga permitiendo que las nobles, necesarias y generosas leyes de protección a la mujer y a la familia (como la Ley contra el Femicidio por ejemplo), no sea utilizada de manera perversa para ejercer violencia en contra de la estabilidad emocional y psicológica de los (y las) menores, y para alimentar irracionales anhelos de venganza en contra de progenitores que buscamos estar cerca y proteger a nuestros vástagos.

Si por su edad mi pequeña no puede defenderse por si misma, es obligación mía (y del Estado y la sociedad en su conjunto) hacerlo. En cuanto a mi persona, la cárcel no es mi lugar. Que vayan allí los malos padres. No es ese mi caso y me ocupo en demostrar (limpiamente) lo que afirmo.

Sergio Barrios Escalante

Editor de la Revista Raf-Tulum

 

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