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Para aproximadamente un 63% de la población contar con un plato de comida tres veces al día es una realidad cada vez más inalcanzable. Foto: La Hora/AFP.
«Hambre persiste pese a préstamo y presupuesto»
Por Jeanelly Vásquez -13 junio, 2022
Para un sector de los guatemaltecos contar con un plato de comida tres veces al día está asegurado, mientras para aproximadamente un 63% de la población es una realidad cada vez más inalcanzable. A los retos que enfrenta a diario el país se suma la inseguridad alimentaria, que se mantiene consistente desde el 2019, según los hallazgos de un estudio de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés).
En el Sexto Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias del FSIN, publicado el pasado 5 de mayo, nuevamente Guatemala figura como el segundo país de Latinoamérica y el Caribe con la mayor crisis alimentaria en términos del número de personas en crisis o peor, con un total de 3.73 millones de habitantes entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.
El número elevado de afectados supone un reto para el Estado de Guatemala, más al considerar que a finales de 2021, cuando se planteó el presupuesto para este año, el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci afirmó que la seguridad alimentaria sería una de las prioridades para el año fiscal 2022.
Sin embargo, de acuerdo con analistas consultados por La Hora, además de los presupuestos previstos para cada año, más un préstamo por US $100 millones con el Banco Mundial, que solo se ha ejecutado un 24%, el problema de la inseguridad alimentaria también demanda eficacia en la ejecución de los recursos disponibles y darles continuidad a los programas.
LA REALIDAD QUE NO SE VE
De acuerdo con un informe del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) clasifica la seguridad alimentaria de las poblaciones en cinco fases, cuyo significado se detalla en la siguiente tabla:
A nivel global, Guatemala se ubica como el octavo país con la mayor cantidad de población en la fase dos de la Clasificación Seguridad Alimentaria Integrada (IPC, por sus siglas en inglés). Los hogares bajo esta clasificación presentan un consumo de alimentos mínimamente adecuado, pero ello conlleva la imposibilidad de sufragar algunos gastos no alimentarios esenciales sin la necesidad de crear estrategias para hacer frente a su inseguridad alimentaria acentuada.
En este ranquin Guatemala es superada únicamente por Mozambique, Yemen, Afganistán, Sudán, Etiopía, Nigeria y la República Democrática del Congo.
A nivel latinoamericano y del Caribe, Guatemala fue el segundo país con la mayor crisis alimentaria medida por el número de personas en crisis o peor, es decir en las fases 3, 4 y 5 del IPC.
El análisis fue elaborado, según el reporte tomando como base a 16.9 millones de habitantes en 2021, resultando en 3.73 millones de personas en esta crisis o peores condiciones, lo cual se tradujo en un 23% de la población.
ADA AÑO AUMENTA EL PRESUPUESTO, PERO EL PROBLEMA NO CESA
Cada año los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo, Agricultura, Ganadería y Alimentación; y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) incluyen dentro de su presupuesto programas destinados a la atención de la seguridad alimentaria.
Mediante una comparativa de los últimos cinco años se pudo observar un aumento en la asignación de estas iniciativas.
• 2018: Q2,127,123,642.00;
• 2019 a 2021 Q3,311,536,341.00, debido a que el presupuesto para el 2019 no se aprobó y se mantuvo vigente el anterior.
• 2022: Q4,903,755,688.00.
A pesar del esfuerzo fiscal creciente, las condiciones para la población no han mejorado considerablemente. De acuerdo con el estudio, estos son los resultados:
• En 2018, de 10.1 millones de personas analizadas, 838 mil padecían una crisis alimentaria o una condición más grave, mientras 1.4 millones la inseguridad alimentaria fue acentuada.
• En 2019, de 16.6 millones de personas, 3.1 millones atravesaron una crisis alimentaria o peor, y 4.8 millones inseguridad alimentaria acentuada.
• En 2020, de una población analizada de 16.9 millones, 3.7 millones estaban en crisis y otras 6.7 millones con inseguridad alimentaria acentuada.
Comparación de presupuesto y situación en GT. Diseño: La Hora/Jeanelly Vásquez.
Antes de que el Congreso de la República aprobara el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2022, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) destinó la quinta exposición virtual a la seguridad alimentaria de Guatemala.
En ella, González Ricci comentó que la seguridad alimentaria sería una de las prioridades del Presupuesto y la Sesan indicó que el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasan) constaría de Q6,011,363,886, con énfasis en la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
Entre otras asignaciones del presupuesto del 2022 aprobado por el Congreso están:
• Q1,224,898,525.00 del programa de Prevención de la mortalidad en la niñez y de Desnutrición crónica del Ministerio de Salud;
• Q2,950,341,000.00 del programa de apoyo para el consumo adecuado de alimentos del Ministerio de Educación;
• Q493,823,663.00 de acceso y disponibilidad alimentaria en el Ministerio de Agricultura;
Q179,281,350.00 del programa de apoyo para el consumo adecuado de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); y
• Q55,411,150.00 para la Sesan.
Los renglones anteriores suman Q4.9 millones para tratar este fenómeno, es decir, la mayor cantidad reportada en los últimos cinco años. Al contexto de los últimos años se suma el programa “Crecer Sano”, financiado por un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US $100 millones (unos Q768,434,000.00).
Sin embargo, y pese a la necesidad de atender a los beneficiarios del programa, hasta la fecha, del préstamo suscrito en 2019 con cierre en 2024, únicamente se han desembolsado Q12,830,751.00, es decir apenas un 12.83% de lo contratado, según el Portal de Préstamos gubernamental.
Al situarse en el 2022, el portal refleja Q23,397,985.98 devengados y una ejecución del 7.46%. Además, el gobierno ha pagado Q1,172,230.84 en intereses del crédito.
En relación a si estos montos son suficientes para mitigar la problemática, la respuesta corta para analistas consultados fue un “no”, pero esta conclusión deviene de varios factores complejos.
1. ATENCIÓN MAL FOCALIZADA
Carlos Grossman, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), especializado en presupuestos públicos y derechos humanos señaló que históricamente en Guatemala el gasto destinado a la seguridad alimentaria y nutricional ha sido mucho menor en comparación con la capacidad de atender toda la dimensión que tiene esta problemática.
Ello se debe, según Grossman, a que el presupuesto es asignado para atender ciertas necesidades focalizadas a nivel geográfico en ciertos municipios y poblaciones denominadas como las más vulnerables.
Sin embargo, explicó que en realidad el riesgo de seguridad alimentaria y nutricional y los efectos que ello conlleva -la desnutrición crónica y aguda en la niñez menor a 5 años- son a nivel nacional.
2. NO EXISTE UN PLAN PERMANENTE
Otro punto débil desde la perspectiva del economista es el hecho de que cada cuatro años el plan para garantizar la seguridad alimentaria en el país varía, dependiendo del juicio de la administración de turno y, por tanto, no existe un plan nacional permanente ni un presupuesto fijo para atender el tema.
Además de un presupuesto bien orientado, advierte que es necesaria la fiscalización y demostrar la calidad del gasto.
3. GOBIERNO SOLO ATIENDE NECESIDADES INMEDIATAS
Desde otra perspectiva, María Fernanda Rivera, presidenta del Consejo Nacional Empresarial (CNE), identificó que la mayoría de acciones del Gobierno para reducir la inseguridad alimentaria están enfocadas en la provisión temporal de alimentos, mas no en solucionar una de las causas estructurales del fenómeno: la pobreza y desigualdad económica.
De hecho, el informe del Sica señala que en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador el acceso a los alimentos se vio limitado por el aumento de los precios de los productos básicos y la demanda de mano de obra atípicamente baja, como resultado de los efectos económicos de las medidas de contención del COVID-19.
“La pobreza y la desigualdad son de los factores principales por los cuales las familias no tienen acceso a una alimentación mínima que les supla el contenido calórico necesario para subsistir. Lastimosamente, algunas de las acciones del gobierno que se focalizan en atender la seguridad alimentaria y nutricional son medidas más paliativas que no atienden el problema estructural que es en sí la desigualdad”, formuló Rivera.
La provisión de raciones alimenticias no es precisamente una estrategia ineficiente, según la profesional debido a que es una necesidad a corto plazo que debe ser atendida con inmediatez. No obstante, ello puede ser contraproducente cuando no se ejecutan a la vez estrategias a mediano y largo plazo de forma complementaria, añadió.
Asimismo, detalla que no siempre está garantizada la correcta entrega y ejecución transparente de estos programas.
“Si hay gente que tiene hambre en este momento, obviamente hay que entrar con asistencia alimentaria, pero quedarte hasta allí es parte del problema, y peor aún, cuando esa asistencia alimentaria está ligada a clientelismo. Por eso la gente que de verdad necesita el alimento no la está recibiendo, porque los políticos eligen donde repartirla”, subrayó Rivera.
¿QUÉ VÍAS NOS QUEDAN?
Pedro Prado, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), consideró que con el paso de los últimos años ha crecido la atención en el presupuesto anual a los programas y montos destinados a la seguridad alimentaria en Guatemala; sin embargo, distinguió que un tema tan complejo amerita un esfuerzo más preciso.
“En los últimos años el tema ha tomado mayor relevancia y ha sido objeto de mayores asignaciones, programas; y poco a poco se ha visualizado en el presupuesto público. Pero sí es necesario hacerlo de una forma más profunda en el presupuesto y las discusiones porque no solo es un tema de salud, sino socioeconómico”, describió.
Por otro lado, la presidenta del CNE consideró que no existe presupuesto suficiente para solucionar la inseguridad alimentaria si no se impulsan los cambios necesarios.
La seguridad alimentaria depende de cuatro pilares:
1. La disponibilidad de alimentos suficientes en una región o país;
2. El acceso a los alimentos;
3. El aprovechamiento biológico de las personas; y
4. El consumo aunado a la cultura del país
Un país con seguridad alimentaria de calidad debe contar estrictamente con las primeras dos bases. “Tú podrías tener dinero, o sea acceso y que no haya nada que comprar -disponibilidad. O puedes tener muchísimo alimento, pero no con qué comprar, que es lo que más puede estar pasando acá”, planteó Rivera.
Agregó que en el pilar de acceso es necesaria la modernización de la economía para que no solo algunos puedan obtener la alimentación sustancial. A la vez, debe contemplarse que actualmente una porción considerable de la población ya padece algún daño colateral por la desnutrición y, por tanto, deben encontrarse soluciones de empleo para estos perfiles.
En el pilar de disponibilidad sostuvo que deben crearse políticas públicas y privadas que fomenten otro tipo de actividades que no sean precisamente las agrícolas, como manufacturas ligeras. De este modo, podrá mitigarse el impacto de fenómenos recurrentes como sequías e inundaciones. “O tecnificamos la agricultura o generamos oportunidades de empleo fuera del tema agrícola”, dijo.
Por otro lado, el aprovechamiento biológico está relacionado con la manera en que cada organismo utiliza los alimentos que consume, desde la dentadura de niños y adultos, hasta todas las enfermedades y padecimientos gastrointestinales. Lo anterior tiene un vínculo directo con el saneamiento del agua y el tratamiento de los residuos a nivel nacional y local.
Respecto al cuarto pilar, el consumo es determinado por la cultura del país. “Por ejemplo, por muy nutritivo que sea, no puedo darle pescado sashimi (plato de origen japonés a base de pescados crudos o mariscos) a alguien que no esté acostumbrado a comer eso y no le gusta ese tipo de sabores porque culturalmente no está en su dieta, contrario a la asociación del frijol, calabazas, tortilla y que tengan acceso a proteína animal de buena calidad”, ilustró Rivera.
A LA EXPECTATIVA DEL 2023
Cuando avanza el tiempo para que el próximo 2 de septiembre a más tardar el Ejecutivo presente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el periodo fiscal 2023, le que además regirá durante el año electoral. Pero, independientemente de cuán escasos sean los recursos en el país para este rubro, Prado puntualiza que lo más importante será la correcta focalización de estos.
El presupuesto para el próximo año, según Prado también deberá contemplar factores coyunturales que inciden en el acceso físico y económico de los alimentos, como el aumento generalizado de los productos y servicios -principalmente combustibles-; y eventos climáticos como sequías e inundaciones.
La inseguridad alimentaria se mantiene consistente en GT desde el 2019. Foto: La Hora/AFP.
“Es importante mejorar la asignación de recursos, su ejecución y hacer una evaluación que permita identificar por qué no se ha podido avanzar en esa área en la medida que se desea. Es un problema que debe estar en el centro de las políticas públicas y en el centro de la planificación presupuestaria. Ojalá la atención del tema se refleje en el presupuesto del siguiente año”, agregó Prado.
Fuente: Diario La Hora, Gt.
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Sergio Barrios E.
Coordinador.
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